Estados Unidos lleva décadas en guerra con Venezuela. ¡Opónganse a la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe!

¡Opónganse a la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe!

Resist US-Led War condena la guerra híbrida contra Venezuela y el nuevo «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe. ¡EE. UU., manos fuera de Venezuela! ¡EE. UU., fuera de América Latina!

Estados Unidos lleva décadas en guerra con Venezuela.
Estados Unidos ha librado una guerra sistemática y prolongada durante décadas contra el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana, una campaña que se llevaba cabo a través de varias formas de agresión. Si bien las estrategias iniciales se basaban en gran medida en la guerra económica y la subversión encubierta, la escalada actual ha traído consigo la amenaza de una intervención militar directa y una invasión como posibilidad en cualquier momento. El objetivo último de esta ofensiva imperialista sigue siendo el derrocamiento de los representantes legítimamente elegidos de la República Bolivariana, primero el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, para ser sustituidos por un régimen cliente totalmente subordinado a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Esta agresión contra Venezuela es un componente fundamental de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reafirmar su dominio indiscutible sobre Latinoamerica y el Caribe, en un intento desesperado por aferrarse a su dominio en la región mientras compite con rivales estratégicos, en particular con China.

Este diseño hegemónico se basa en el marco de la Doctrina Monroe de 1823. La referencia concreta a la Doctrina Monroe, la declaración del presidente estadounidense Monroe en 1823 en la que afirmaba que los Estados Unidos imperialista en su ascenso era el único estado con derecho a configurar el futuro de todos los demás países del hemisferio occidental, un ejemplo del deseo de crear una esfera de influencia particular para los Estados Unidos. Esta doctrina se ha aplicado históricamente mediante invasiones militares, como la guerra hispano-americana, en la que Estados Unidos tomó el control colonial de Cuba y Puerto Rico. El Corolario Roosevelt de 1904, que autoproclamaba a Estados Unidos como potencia policial internacional, formalizó un patrón de intervención abierta y encubierta en la política exterior de los EEUU. Esa tradición se ha reactivado explícitamente en la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy ((NSS) de Estados Unidos para 2025, publicada en noviembre, que declaró: «Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar sus fuerzas estratégicas, en nuestro hemisferio».

Este «corolario de Trump», tal y como se menciona en la NSS, señala un retorno formal a intentos aún más agresivos de dominación hemisférica a través de medios abiertos, en lugar de una guerra principalmente encubierta y económica. Se trata de una respuesta directa a la crisis del imperialismo estadounidense y al auge de China como principal desafío económico y militar para Estados Unidos. La presencia económica de China en Venezuela, especialmente en el sector petrolero, ha inyectado una nueva urgencia geopolítica a los esfuerzos de Estados Unidos por orquestar un golpe de Estado, con el objetivo tanto de apoderarse de recursos estratégicos como de contener a su principal rival económico mundial.

Esta declaración tiene por objeto exponer las diferentes formas de guerra que Estados Unidos ha empleado contra Venezuela y la resistencia tanto de la República Bolivariana como del pueblo venezolano en su lucha contra la intervención estadounidense, mientras defienden y luchan por su independencia y por una paz justa y duradera en las Américas.

En el ámbito político y diplomático
Desde los primeros días del régimen de Trump, las órdenes ejecutivas sentaron las bases para respuestas militarizadas, incluyendo medidas para designar a las bandillas venezolanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. A este pretexto legal fabricado le siguieron acciones militares abiertas, como despliegues navales y ataques aéreos letales en territorio venezolano, falsamente presentados como operaciones antinarcóticos. Estos actos representan una mezcla de la doctrina de la «guerra contra el terrorismo», que justificó la muerte de millones de personas en Asia occidental (o el dicho «Medio Este»), con la doctrina de la guerra contra las drogas, utilizando la guerra con drones para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales sin el debido proceso ni pruebas transparentes.

Esta prolongada campaña de propaganda imperialista para presentar falsamente al Gobierno venezolano como un «narcoestado» es una mentira propagada por los funcionarios y los medios de comunicación estadounidenses para justificar sus acciones militares contra Venezuela. Esta calumnia creada por Estados Unidos se remonta a la época del presidente Hugo Chávez y se ha intensificado agresivamente contra el presidente Maduro. No existe ninguna prueba creíble de la producción o el procesamiento de cocaína en territorio venezolano desde hace más de una década. La posición geográfica de Venezuela, al igual que la de muchos países de la región, puede convertirla en una ruta de tránsito para el flujo de narcóticos, pero la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informa de que solo el 5 % de las drogas producidas en América Latina transitan por Venezuela, lo que desmiente la principal acusación de Estados Unidos.

Si el objetivo de verdad fuera combatir las principales rutas del narcotráfico, lógicamente la atención se centraría en otros países con un papel mucho más grave y documentado en la producción y el tránsito de drogas. Sin embargo, el cálculo político del imperialismo estadounidense prevalece sobre los hechos. Su objetivo no es por las drogas, sino por la soberanía de Venezuela y su rechazo a seguir los exigencias de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos «excusa» a los regímenes de países aliados con EEUU con problemas documentados de tráfico de drogas, si esos regímenes se someten a los intereses geopolíticos estadounidenses.
Esta guerra política se complementa con la promoción de figuras como María Corina Machado, una de las principales artífices de las violentas protestas guarimbas de 2014 (las guarimbas son una forma de protesta callejera que se caracteriza por el bloqueo de vías públicas y avenidas mediante barricadas improvisadas), financiadas y apoyadas por Estados Unidos, con el objetivo de paralizar el Gobierno de Venezuela. Su respaldo por parte del Occidente y la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2025 ejemplifican cómo Estados Unidos manipula las instituciones internacionales para dar una falsa sensación de legitimidad a sus operaciones de cambio de régimen, siguiendo una tradición desacreditada que incluye honrar a criminales de guerra como Henry Kissinger y Barack Obama.

Estas maniobras diplomáticas siguen un patrón de intervención estadounidense en Asia Occidental y el norte de África que viene de lejos. Durante la «Primavera Árabe», Estados Unidos financió a grupos de la oposición y organizaciones no gubernamentales para fomentar los disturbios, les proporcionó armas para crear una fuerza terrestre proxy y, finalmente, aprovechó el caos resultante como pretexto para una invasión directa o liderada por la OTAN. Este modelo se aplicó en Libia y Siria. Sin embargo, el pueblo venezolano, armado con la conciencia política forjada por la Revolución Bolivariana y una memoria histórica de la intervención imperialista, ha demostrado su resistencia al identificar y contrarrestar estas mismas tácticas.

En el ámbito económico
Estados Unidos libra la guerra no solo con drones y bombarderos, sino también mediante sanciones económicas. Comercializadas bajo la engañosa bandera de una política «selectiva» o «humanitaria», las sanciones son en realidad una forma de castigo colectivo y guerra económica diseñada para paralizar a las naciones soberanas que se niegan a someterse a la voluntad económica y política de Estados Unidos. Sus principales víctimas nunca son los líderes políticos a los que pretenden atacar, sino la población civil, y más brutalmente aún, la clase trabajadora y los pobres. Al bloquear sistemáticamente el acceso de una nación al sistema financiero y comercial mundial, las sanciones crean una escasez artificial de productos básicos para la vida: alimentos, medicinas, vacunas y los recursos necesarios para el agua potable y una asistencia sanitaria eficaz.

El resultado es el malestar social y la crisis humanitaria, en la que la gente sufre e incluso muere a causa de enfermedades prevenibles, el hambre y las privaciones. Al fomentar la desesperación económica, el imperialismo crea la inestabilidad que luego utiliza para demonizar al gobierno objetivo. Este caos creado por los imperialistas proporciona el pretexto para una mayor intervención, ya sea mediante el apoyo a grupos opositores violentos o la acción militar directa, bajo el falso pretexto de «restaurar el orden» o «proteger los derechos humanos».

En el caso de Venezuela, el actual asedio por parte de Estados Unidos comenzó con la llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y la orden ejecutiva de 2015 que declaraba falsamente a la República Bolivariana como una «amenaza extraordinaria». La situación se agravó drásticamente con la Orden Ejecutiva 13808 de Trump en 2017, que puso en marcha un bloqueo financiero destinado a asfixiar la economía venezolana. Esta orden convirtió en arma el sistema monetario mundial basado en el dólar, prohibiendo las transacciones con Venezuela en dólares estadounidenses y cortando el acceso de Venezuela al crédito y los mercados internacionales, con el objetivo explícito de paralizar su principal fuente de ingresos, las exportaciones de petróleo.

Al prohibir el uso del dólar estadounidense en Venezuela, se ha obligado al país a incurrir en más de 20 000 millones de dólares en costes de cambio exorbitantes. Se ha transformado el comercio internacional en una pesadilla logística, alargando el procesamiento de los pagos de 48 horas a hasta 20 días. Además, mediante la amenaza de sanciones secundarias, apunta con una pistola a la cabeza de cualquier tercer país o entidad que se atreva a comerciar con Venezuela, intentando imponer un aislamiento global total del Estado soberano.

Esta guerra económica prohibió explícitamente las transacciones sobre la deuda externa venezolana, bloqueando todas las vías de refinanciación y alivio económico. En un acto flagrante de piratería internacional, en enero de 2019 se tomó el control de la filial estadounidense Citgo y se entregó al títere designado por Estados Unidos, Juan Guaidó. Este robo impidió directamente a la empresa petrolera estatal PDVSA obtener cartas de crédito para los envíos, contratar seguros para los buques cisterna, mantener las infraestructuras y realizar transacciones con cualquier parte que temiera las represalias de Washington.

El costo humano de este terror económico imperialista es genocida en escala e intención. Venezuela ha sufrido un colapso casi total en sus ingresos en divisas, cayendo en picado de aproximadamente 56 000 millones de dólares a unos 1700 millones de dólares anuales en los primeros cinco años de sanciones, una pérdida catastrófica de más del 95 %. En una economía en la que los productos importados eran esenciales para el consumo básico, las sanciones afectan a todos los aspectos de la vida de los venezolanos, destruyendo el poder adquisitivo del país para adquirir productos básicos. Las importaciones procedentes de Europa se redujeron en un 65 % entre 2015 y 2019, mientras que los plazos de entrega de productos vitales aumentaron en un 33 %. El daño financiero directo total infligido se estima en la asombrosa cifra de 37 000 millones de dólares.

Las sanciones estadounidenses han provocado una de las contracciones económicas más graves en tiempos de paz de la historia moderna, lo que ha contribuido directamente a una crisis de salud pública. Esta guerra económica es uno de los principales factores que han provocado el desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos, lo que ha dado lugar a la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental. Basándose en varios estudios diferentes, el informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington D. C., estima que las sanciones fueron responsables de 40 000 muertes solo entre 2017 y 2018, mientras que más de 300 000 personas se encontraban en riesgo inmediato debido a la denegación del acceso al tratamiento de enfermedades prevenibles o tratables. Esto incluye aproximadamente a 80 000 personas con VIH a las que se les negaron los medicamentos antirretrovirales, 16 000 que necesitan diálisis, 16 000 con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión que no pueden obtener de forma fiable los medicamentos que les salvan la vida.

En el ámbito militar
La violencia extrajudicial marca la actual escalada contra Venezuela. La administración Trump ordenó ataques militares unilaterales contra buques privados cerca de la costa venezolana, supuestamente para prevenir el tráfico de drogas. Para llevar a cabo estos ataques, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desplegaron una fuerza naval masiva compuesta por buques de guerra, drones y unidades de operaciones especiales.
Desde que comenzaron estos ataques, Estados Unidos ha llevado a cabo la ejecución sumaria de al menos 107 personas, en el momento en que se publica este artículo. El régimen de Trump ha calificado a las víctimas, sin pruebas fiables, de narcotraficantes y «terroristas», una acusación que, aunque fuera cierta, no otorga al presidente estadounidense la autoridad legal para ejecutar a quien le plazca. La gran mayoría de los fallecidos de esta manera eran pescadores que simplemente intentaban faenar en aguas soberanas venezolanas.

Esta campaña de terror va acompañada de un despliegue masivo y provocador de equipamiento militar estadounidense y de unos 15 000 soldados en el Caribe. Entre ellos se encuentra el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo y destructivo de la Armada de los Estados Unidos. Su capacidad para desplegar una flota de aproximadamente setenta y cinco aviones de combate avanzados lo convierte en una plataforma ideal para infligir devastadores bombardeos aéreos contra el pueblo venezolano. Este portaaviones opera en coordinación con un Grupo Anfibio de Combate de clase Iwo Jima, una flotilla diseñada para la invasión, que contiene buques capaces de desembarcar 2.200 marines junto con sus tanques y artillería en territorio venezolano.

El asedio naval se ve reforzado por seis destructores y dos cruceros, armados con cientos de misiles para bombardeos ofensivos y cobertura «defensiva». La región también se ve amenazada por la presencia de un avión de combate AC-130 «Spooky», diseñado para concentrar fuego contra zonas pobladas. El buque de operaciones especiales Ocean Trader apoya las intervenciones encubiertas, mientras que la amenaza de al menos un submarino de ataque equipado con capacidad nuclear acecha en el mar Caribe.

Además, Estados Unidos ha reactivado la base naval Roosevelt Roads en la ocupada Puerto Rico, transformándola en una plataforma de lanzamiento fortificada para la agresión. Las imágenes de satélite revelan la presencia de armamento letal en esta base, incluidos aviones F-35, helicópteros y el avión de combate AC-130, lo que la consolida como la punta de lanza del actual asedio militar contra una nación soberana. Esta concentración de activos militares estadounidenses en la región representa el mayor despliegue de este tipo desde la intervención de 1994 en Haití, conocida como «Operación Uphold Democracy».

El impacto y el escenario de esta guerra revelan los objetivos de control continental del imperialismo estadounidense. El 15 de diciembre, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitiría al ejército estadounidense utilizar sus aeropuertos, con equipos descritos como listos para el combate y «mucho más allá de la lucha contra el contrabando», lo que sitúa a otro país más en el punto de mira de una guerra provocada por Estados Unidos y que utiliza un Gobierno títere para atacar a Venezuela.  Además, Trump «descertificó» a Colombia en su «guerra contra las drogas», alegando falsamente que había incumplido sus compromisos, y acusó públicamente al presidente Gustavo Petro de ser un líder narcotraficante, al tiempo que llevaba a cabo ataques que provocaron ejecuciones extrajudiciales en la costa pacífica de Colombia. En la República Dominicana, se «desplegarán temporalmente» aviones y personal estadounidenses en el país para repostar y trasladar equipos. La guerra contra las drogas permite a los principales beneficiarios financieros del tráfico de drogas continuar con su negocio en Estados Unidos y en otros lugares, mientras que los campesinos, pescadores, trabajadores y el medio ambiente más pobres pagan el precio más alto.

El pueblo venezolano y la República Bolivariana se mantienen firmes y continúan luchando por una paz justa y duradera.
Estos ataques imperialistas tienen como objetivo revertir los logros históricos de la Revolución Bolivariana. Bajo el mandato del presidente Chávez, Venezuela erradicó el analfabetismo, construyó un enorme sistema de salud pública con la solidaridad de Cuba y construyó millones de viviendas para los pobres. El proceso profundizó la democracia a través del poder popular, fomentando más de mil comunas autónomas y treinta mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción para garantizar la participación política masiva y la soberanía alimentaria.

A pesar de las inmensas dificultades provocadas por la guerra económica y los ataques híbridos de Estados Unidos, el pueblo venezolano y sus instituciones siguen resistiendo y adaptándose. Hoy en día, Venezuela es capaz de producir el 97 % de los alimentos que consume, mientras que la fabricación nacional de medicamentos ha alcanzado el 80 %, a pesar de las sanciones. En respuesta a las crecientes amenazas militares, el Gobierno venezolano ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta medida diplomática se produce tras la fuerte condena internacional de los recientes ataques estadounidenses. A nivel nacional, la atención se ha desplazado hacia una movilización masiva y organizada en defensa del país. En una clara señal de resistencia popular y apoyo a la revolución bolivariana, los informes del Gobierno indican que 8,2 millones de ciudadanos participaron en los dos primeros días de ejercicios de preparación de la Milicia Bolivariana.

En Puerto Rico, un movimiento de protesta está creciendo contra las bases militares en respuesta al uso de su territorio como base por parte de Estados Unidos para invadir Venezuela. Las protestas se construyen de la histórica resistencia antimilitarista que expulsó a la Marina estadounidense de Vieques en 2003.

Al igual que el pueblo de Venezuela, los pueblos del mundo no creen las mentiras imperialistas de Estados Unidos y rechazan esta guerra por los recursos y la dominación estratégica, incluso detro del emperio, donde el 60 % de la población se opone a la guerra de Estados Unidos contra la República Bolivariana. En diciembre, representantes de al menos 14 países asistieron a la Asamblea Popular por la Paz y la Soberanía para reafirmar el compromiso global con una paz justa que respete la soberanía de los pueblos. Se han llevado a cabo movilizaciones en cientos de ciudades de América del Sur, Central y del Norte, y en todas las regiones del mundo, donde la gente ha reafirmado su postura contra la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Es deber de todas las personas amantes de la paz solidarizarse con Venezuela y defender los logros que su pueblo ha conseguido a pesar de las sanciones mortíferas impuestas por Estados Unidos. Venezuela es una llama de esperanza para toda América Latina y el Caribe, un ejemplo de defensa del derecho a la autodeterminación frente a la dominación imperialista, requisito previo para una paz justa y duradera.