¡Opónganse a la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe!

Resist US-Led War condena la guerra híbrida contra Venezuela y el nuevo «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe. ¡EE. UU., manos fuera de Venezuela! ¡EE. UU., fuera de América Latina!

Estados Unidos lleva décadas en guerra con Venezuela.
Estados Unidos ha librado una guerra sistemática y prolongada durante décadas contra el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana, una campaña que se llevaba cabo a través de varias formas de agresión. Si bien las estrategias iniciales se basaban en gran medida en la guerra económica y la subversión encubierta, la escalada actual ha traído consigo la amenaza de una intervención militar directa y una invasión como posibilidad en cualquier momento. El objetivo último de esta ofensiva imperialista sigue siendo el derrocamiento de los representantes legítimamente elegidos de la República Bolivariana, primero el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, para ser sustituidos por un régimen cliente totalmente subordinado a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Esta agresión contra Venezuela es un componente fundamental de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reafirmar su dominio indiscutible sobre Latinoamerica y el Caribe, en un intento desesperado por aferrarse a su dominio en la región mientras compite con rivales estratégicos, en particular con China.

Este diseño hegemónico se basa en el marco de la Doctrina Monroe de 1823. La referencia concreta a la Doctrina Monroe, la declaración del presidente estadounidense Monroe en 1823 en la que afirmaba que los Estados Unidos imperialista en su ascenso era el único estado con derecho a configurar el futuro de todos los demás países del hemisferio occidental, un ejemplo del deseo de crear una esfera de influencia particular para los Estados Unidos. Esta doctrina se ha aplicado históricamente mediante invasiones militares, como la guerra hispano-americana, en la que Estados Unidos tomó el control colonial de Cuba y Puerto Rico. El Corolario Roosevelt de 1904, que autoproclamaba a Estados Unidos como potencia policial internacional, formalizó un patrón de intervención abierta y encubierta en la política exterior de los EEUU. Esa tradición se ha reactivado explícitamente en la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy ((NSS) de Estados Unidos para 2025, publicada en noviembre, que declaró: «Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar sus fuerzas estratégicas, en nuestro hemisferio».

Este «corolario de Trump», tal y como se menciona en la NSS, señala un retorno formal a intentos aún más agresivos de dominación hemisférica a través de medios abiertos, en lugar de una guerra principalmente encubierta y económica. Se trata de una respuesta directa a la crisis del imperialismo estadounidense y al auge de China como principal desafío económico y militar para Estados Unidos. La presencia económica de China en Venezuela, especialmente en el sector petrolero, ha inyectado una nueva urgencia geopolítica a los esfuerzos de Estados Unidos por orquestar un golpe de Estado, con el objetivo tanto de apoderarse de recursos estratégicos como de contener a su principal rival económico mundial.

Esta declaración tiene por objeto exponer las diferentes formas de guerra que Estados Unidos ha empleado contra Venezuela y la resistencia tanto de la República Bolivariana como del pueblo venezolano en su lucha contra la intervención estadounidense, mientras defienden y luchan por su independencia y por una paz justa y duradera en las Américas.

En el ámbito político y diplomático
Desde los primeros días del régimen de Trump, las órdenes ejecutivas sentaron las bases para respuestas militarizadas, incluyendo medidas para designar a las bandillas venezolanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. A este pretexto legal fabricado le siguieron acciones militares abiertas, como despliegues navales y ataques aéreos letales en territorio venezolano, falsamente presentados como operaciones antinarcóticos. Estos actos representan una mezcla de la doctrina de la «guerra contra el terrorismo», que justificó la muerte de millones de personas en Asia occidental (o el dicho «Medio Este»), con la doctrina de la guerra contra las drogas, utilizando la guerra con drones para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales sin el debido proceso ni pruebas transparentes.

Esta prolongada campaña de propaganda imperialista para presentar falsamente al Gobierno venezolano como un «narcoestado» es una mentira propagada por los funcionarios y los medios de comunicación estadounidenses para justificar sus acciones militares contra Venezuela. Esta calumnia creada por Estados Unidos se remonta a la época del presidente Hugo Chávez y se ha intensificado agresivamente contra el presidente Maduro. No existe ninguna prueba creíble de la producción o el procesamiento de cocaína en territorio venezolano desde hace más de una década. La posición geográfica de Venezuela, al igual que la de muchos países de la región, puede convertirla en una ruta de tránsito para el flujo de narcóticos, pero la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informa de que solo el 5 % de las drogas producidas en América Latina transitan por Venezuela, lo que desmiente la principal acusación de Estados Unidos.

Si el objetivo de verdad fuera combatir las principales rutas del narcotráfico, lógicamente la atención se centraría en otros países con un papel mucho más grave y documentado en la producción y el tránsito de drogas. Sin embargo, el cálculo político del imperialismo estadounidense prevalece sobre los hechos. Su objetivo no es por las drogas, sino por la soberanía de Venezuela y su rechazo a seguir los exigencias de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos «excusa» a los regímenes de países aliados con EEUU con problemas documentados de tráfico de drogas, si esos regímenes se someten a los intereses geopolíticos estadounidenses.
Esta guerra política se complementa con la promoción de figuras como María Corina Machado, una de las principales artífices de las violentas protestas guarimbas de 2014 (las guarimbas son una forma de protesta callejera que se caracteriza por el bloqueo de vías públicas y avenidas mediante barricadas improvisadas), financiadas y apoyadas por Estados Unidos, con el objetivo de paralizar el Gobierno de Venezuela. Su respaldo por parte del Occidente y la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2025 ejemplifican cómo Estados Unidos manipula las instituciones internacionales para dar una falsa sensación de legitimidad a sus operaciones de cambio de régimen, siguiendo una tradición desacreditada que incluye honrar a criminales de guerra como Henry Kissinger y Barack Obama.

Estas maniobras diplomáticas siguen un patrón de intervención estadounidense en Asia Occidental y el norte de África que viene de lejos. Durante la «Primavera Árabe», Estados Unidos financió a grupos de la oposición y organizaciones no gubernamentales para fomentar los disturbios, les proporcionó armas para crear una fuerza terrestre proxy y, finalmente, aprovechó el caos resultante como pretexto para una invasión directa o liderada por la OTAN. Este modelo se aplicó en Libia y Siria. Sin embargo, el pueblo venezolano, armado con la conciencia política forjada por la Revolución Bolivariana y una memoria histórica de la intervención imperialista, ha demostrado su resistencia al identificar y contrarrestar estas mismas tácticas.

En el ámbito económico
Estados Unidos libra la guerra no solo con drones y bombarderos, sino también mediante sanciones económicas. Comercializadas bajo la engañosa bandera de una política «selectiva» o «humanitaria», las sanciones son en realidad una forma de castigo colectivo y guerra económica diseñada para paralizar a las naciones soberanas que se niegan a someterse a la voluntad económica y política de Estados Unidos. Sus principales víctimas nunca son los líderes políticos a los que pretenden atacar, sino la población civil, y más brutalmente aún, la clase trabajadora y los pobres. Al bloquear sistemáticamente el acceso de una nación al sistema financiero y comercial mundial, las sanciones crean una escasez artificial de productos básicos para la vida: alimentos, medicinas, vacunas y los recursos necesarios para el agua potable y una asistencia sanitaria eficaz.

El resultado es el malestar social y la crisis humanitaria, en la que la gente sufre e incluso muere a causa de enfermedades prevenibles, el hambre y las privaciones. Al fomentar la desesperación económica, el imperialismo crea la inestabilidad que luego utiliza para demonizar al gobierno objetivo. Este caos creado por los imperialistas proporciona el pretexto para una mayor intervención, ya sea mediante el apoyo a grupos opositores violentos o la acción militar directa, bajo el falso pretexto de «restaurar el orden» o «proteger los derechos humanos».

En el caso de Venezuela, el actual asedio por parte de Estados Unidos comenzó con la llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y la orden ejecutiva de 2015 que declaraba falsamente a la República Bolivariana como una «amenaza extraordinaria». La situación se agravó drásticamente con la Orden Ejecutiva 13808 de Trump en 2017, que puso en marcha un bloqueo financiero destinado a asfixiar la economía venezolana. Esta orden convirtió en arma el sistema monetario mundial basado en el dólar, prohibiendo las transacciones con Venezuela en dólares estadounidenses y cortando el acceso de Venezuela al crédito y los mercados internacionales, con el objetivo explícito de paralizar su principal fuente de ingresos, las exportaciones de petróleo.

Al prohibir el uso del dólar estadounidense en Venezuela, se ha obligado al país a incurrir en más de 20 000 millones de dólares en costes de cambio exorbitantes. Se ha transformado el comercio internacional en una pesadilla logística, alargando el procesamiento de los pagos de 48 horas a hasta 20 días. Además, mediante la amenaza de sanciones secundarias, apunta con una pistola a la cabeza de cualquier tercer país o entidad que se atreva a comerciar con Venezuela, intentando imponer un aislamiento global total del Estado soberano.

Esta guerra económica prohibió explícitamente las transacciones sobre la deuda externa venezolana, bloqueando todas las vías de refinanciación y alivio económico. En un acto flagrante de piratería internacional, en enero de 2019 se tomó el control de la filial estadounidense Citgo y se entregó al títere designado por Estados Unidos, Juan Guaidó. Este robo impidió directamente a la empresa petrolera estatal PDVSA obtener cartas de crédito para los envíos, contratar seguros para los buques cisterna, mantener las infraestructuras y realizar transacciones con cualquier parte que temiera las represalias de Washington.

El costo humano de este terror económico imperialista es genocida en escala e intención. Venezuela ha sufrido un colapso casi total en sus ingresos en divisas, cayendo en picado de aproximadamente 56 000 millones de dólares a unos 1700 millones de dólares anuales en los primeros cinco años de sanciones, una pérdida catastrófica de más del 95 %. En una economía en la que los productos importados eran esenciales para el consumo básico, las sanciones afectan a todos los aspectos de la vida de los venezolanos, destruyendo el poder adquisitivo del país para adquirir productos básicos. Las importaciones procedentes de Europa se redujeron en un 65 % entre 2015 y 2019, mientras que los plazos de entrega de productos vitales aumentaron en un 33 %. El daño financiero directo total infligido se estima en la asombrosa cifra de 37 000 millones de dólares.

Las sanciones estadounidenses han provocado una de las contracciones económicas más graves en tiempos de paz de la historia moderna, lo que ha contribuido directamente a una crisis de salud pública. Esta guerra económica es uno de los principales factores que han provocado el desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos, lo que ha dado lugar a la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental. Basándose en varios estudios diferentes, el informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington D. C., estima que las sanciones fueron responsables de 40 000 muertes solo entre 2017 y 2018, mientras que más de 300 000 personas se encontraban en riesgo inmediato debido a la denegación del acceso al tratamiento de enfermedades prevenibles o tratables. Esto incluye aproximadamente a 80 000 personas con VIH a las que se les negaron los medicamentos antirretrovirales, 16 000 que necesitan diálisis, 16 000 con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión que no pueden obtener de forma fiable los medicamentos que les salvan la vida.

En el ámbito militar
La violencia extrajudicial marca la actual escalada contra Venezuela. La administración Trump ordenó ataques militares unilaterales contra buques privados cerca de la costa venezolana, supuestamente para prevenir el tráfico de drogas. Para llevar a cabo estos ataques, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desplegaron una fuerza naval masiva compuesta por buques de guerra, drones y unidades de operaciones especiales.
Desde que comenzaron estos ataques, Estados Unidos ha llevado a cabo la ejecución sumaria de al menos 107 personas, en el momento en que se publica este artículo. El régimen de Trump ha calificado a las víctimas, sin pruebas fiables, de narcotraficantes y «terroristas», una acusación que, aunque fuera cierta, no otorga al presidente estadounidense la autoridad legal para ejecutar a quien le plazca. La gran mayoría de los fallecidos de esta manera eran pescadores que simplemente intentaban faenar en aguas soberanas venezolanas.

Esta campaña de terror va acompañada de un despliegue masivo y provocador de equipamiento militar estadounidense y de unos 15 000 soldados en el Caribe. Entre ellos se encuentra el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo y destructivo de la Armada de los Estados Unidos. Su capacidad para desplegar una flota de aproximadamente setenta y cinco aviones de combate avanzados lo convierte en una plataforma ideal para infligir devastadores bombardeos aéreos contra el pueblo venezolano. Este portaaviones opera en coordinación con un Grupo Anfibio de Combate de clase Iwo Jima, una flotilla diseñada para la invasión, que contiene buques capaces de desembarcar 2.200 marines junto con sus tanques y artillería en territorio venezolano.

El asedio naval se ve reforzado por seis destructores y dos cruceros, armados con cientos de misiles para bombardeos ofensivos y cobertura «defensiva». La región también se ve amenazada por la presencia de un avión de combate AC-130 «Spooky», diseñado para concentrar fuego contra zonas pobladas. El buque de operaciones especiales Ocean Trader apoya las intervenciones encubiertas, mientras que la amenaza de al menos un submarino de ataque equipado con capacidad nuclear acecha en el mar Caribe.

Además, Estados Unidos ha reactivado la base naval Roosevelt Roads en la ocupada Puerto Rico, transformándola en una plataforma de lanzamiento fortificada para la agresión. Las imágenes de satélite revelan la presencia de armamento letal en esta base, incluidos aviones F-35, helicópteros y el avión de combate AC-130, lo que la consolida como la punta de lanza del actual asedio militar contra una nación soberana. Esta concentración de activos militares estadounidenses en la región representa el mayor despliegue de este tipo desde la intervención de 1994 en Haití, conocida como «Operación Uphold Democracy».

El impacto y el escenario de esta guerra revelan los objetivos de control continental del imperialismo estadounidense. El 15 de diciembre, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitiría al ejército estadounidense utilizar sus aeropuertos, con equipos descritos como listos para el combate y «mucho más allá de la lucha contra el contrabando», lo que sitúa a otro país más en el punto de mira de una guerra provocada por Estados Unidos y que utiliza un Gobierno títere para atacar a Venezuela.  Además, Trump «descertificó» a Colombia en su «guerra contra las drogas», alegando falsamente que había incumplido sus compromisos, y acusó públicamente al presidente Gustavo Petro de ser un líder narcotraficante, al tiempo que llevaba a cabo ataques que provocaron ejecuciones extrajudiciales en la costa pacífica de Colombia. En la República Dominicana, se «desplegarán temporalmente» aviones y personal estadounidenses en el país para repostar y trasladar equipos. La guerra contra las drogas permite a los principales beneficiarios financieros del tráfico de drogas continuar con su negocio en Estados Unidos y en otros lugares, mientras que los campesinos, pescadores, trabajadores y el medio ambiente más pobres pagan el precio más alto.

El pueblo venezolano y la República Bolivariana se mantienen firmes y continúan luchando por una paz justa y duradera.
Estos ataques imperialistas tienen como objetivo revertir los logros históricos de la Revolución Bolivariana. Bajo el mandato del presidente Chávez, Venezuela erradicó el analfabetismo, construyó un enorme sistema de salud pública con la solidaridad de Cuba y construyó millones de viviendas para los pobres. El proceso profundizó la democracia a través del poder popular, fomentando más de mil comunas autónomas y treinta mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción para garantizar la participación política masiva y la soberanía alimentaria.

A pesar de las inmensas dificultades provocadas por la guerra económica y los ataques híbridos de Estados Unidos, el pueblo venezolano y sus instituciones siguen resistiendo y adaptándose. Hoy en día, Venezuela es capaz de producir el 97 % de los alimentos que consume, mientras que la fabricación nacional de medicamentos ha alcanzado el 80 %, a pesar de las sanciones. En respuesta a las crecientes amenazas militares, el Gobierno venezolano ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta medida diplomática se produce tras la fuerte condena internacional de los recientes ataques estadounidenses. A nivel nacional, la atención se ha desplazado hacia una movilización masiva y organizada en defensa del país. En una clara señal de resistencia popular y apoyo a la revolución bolivariana, los informes del Gobierno indican que 8,2 millones de ciudadanos participaron en los dos primeros días de ejercicios de preparación de la Milicia Bolivariana.

En Puerto Rico, un movimiento de protesta está creciendo contra las bases militares en respuesta al uso de su territorio como base por parte de Estados Unidos para invadir Venezuela. Las protestas se construyen de la histórica resistencia antimilitarista que expulsó a la Marina estadounidense de Vieques en 2003.

Al igual que el pueblo de Venezuela, los pueblos del mundo no creen las mentiras imperialistas de Estados Unidos y rechazan esta guerra por los recursos y la dominación estratégica, incluso detro del emperio, donde el 60 % de la población se opone a la guerra de Estados Unidos contra la República Bolivariana. En diciembre, representantes de al menos 14 países asistieron a la Asamblea Popular por la Paz y la Soberanía para reafirmar el compromiso global con una paz justa que respete la soberanía de los pueblos. Se han llevado a cabo movilizaciones en cientos de ciudades de América del Sur, Central y del Norte, y en todas las regiones del mundo, donde la gente ha reafirmado su postura contra la ofensiva imperialista liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Es deber de todas las personas amantes de la paz solidarizarse con Venezuela y defender los logros que su pueblo ha conseguido a pesar de las sanciones mortíferas impuestas por Estados Unidos. Venezuela es una llama de esperanza para toda América Latina y el Caribe, un ejemplo de defensa del derecho a la autodeterminación frente a la dominación imperialista, requisito previo para una paz justa y duradera.

Greetings, friends and comrades. I am speaking today on behalf of the Resist US-Led War Movement. We are a global network of peace and anti-war organizations and individuals spanning Asia, the Pacific, Africa, Latin America, Europe, and North America. We unite under shared principles to resist U.S.-led war and militarism, and to build a just peace.

We are honored to be part of this peace forum today and congratulate the organizers on 20 years of resistance against the Iwakuni base.

Look at our world today. It is beset on nearly every corner by wars, by the preparations for greater war, by a militarization that has devastating effects on peoples' lives and livelihoods. The United States, still the number one threat to peace and stability in the world, is now more isolated than at any point in its history. Its economic strength is waning, and so it is betting everything on its military might.

Yet this empire is desperate and vulnerable. Every day people experience horrific crimes at the hands of the US military. We must understand its strategy to expose its inherent aggressive interests and build a mass movement to end US imperialism once and for all.

The root cause of of modern war is imperialism. So if we want to fight war and build a just and lasting peace, then we need to fight to end US imperialism.

And to do so, we need to understand the strategy and tactics and the current flash points and fronts of today's wars.

The most deadly and horrific manifestation today is the US-funded Zionist genocide of Palestine. It is enabled by near-endless U.S. funding. It is part of a strategy to control the flow of oil and gas, relying on the genocidal Israeli occupation, as well as the Gulf monarchies and Turkish allies. The US uses the same logic to try to destabilize states and destroy movements that stand in its way. This has led to regime change in Syria, bombing campaigns in Yemen, and aggression toward Iran. The militant steadfastness of the Axis of Resistance, across Palestine, Yemen, Lebanon, Iraq, and Iran, holds this predatory system back. This resistance has sparked world-wide solidarity and struggle for the right of oppressed people everywhere to self-determination, liberation and return.

In Europe, the US still wields the NATO alliance in its proxy war against Russia in Ukraine. This war has fueled the rise of pro-war fascist movements in response to this crisis and a "rearm Europe" drive by European Union. In Africa, U.S. Africa Command plays the old colonial role, plundering resources. The recent ejection of U.S. and French bases from Niger, Mali, and Burkina Faso has scared the empire into its age-old strategy: covertly supporting armed paramilitaries to violently reassert control. Its hands are in the genocidal proxy wars in Sudan and the Congo, in a spree to extract and control gold, oil, and minerals.

In Latin America, the U.S. actively prepares to invade Venezuela, eyeing the biggest oil reserves in the world, while propping up repressive lap-dog regimes such as in El Salvador and Argentina that trap their economies in neoliberal misery.

Even the Arctic and outer space are not spared from this competition for resource grabs and military positioning.

This trillion-dollar global US-led war machine drains public funds that should be providing healthcare, education, and housing for working people.

And now, we must consider the primary front: here in Asia and the Pacific. Ever since the U.S. declared its “Pivot to Asia” to counter the rise of China, this has been the main front of US imperialism's existential struggle for survival.

Here, the “Island Chain Strategy” is the foundation of the US's Indo Pacific Strategy. Overall the US Indo-Pacific strategy aims to further squeeze the Pacific for what they call "untapped resources" through a strategic military build up.

It callously reduces entire countries to pawns on a Pacific chessboard. We are in the First Island Chain right now, a line curving from the Philippines and Malaysia, up through Okinawa and Japan, to South Korea, with both ends meeting at Taiwan, the imperialists' hub for semiconductors.

These countries host the US's most significant bases: 43,000 personnel in South Korea, 30,000 troops in Okinawa, and tens of thousands cycling through the Philippines. They host the most deadly missile systems: THAAD, Tomahawk, and now the Typhon system.

In line with the US pivot to Asia, the US with Japan as its willing partner, continually roll out new bi-lateral and multilateral agreements. The Japan-US-Korea alliance (JAKUS) and the Japan-Philippines-US trilateral alliance (JAPHUS) expands the US military's network of alliances allowing US and Japanese troops to drag Korea and the Philippines into US war preparations against China. These alliances formalize regular war games, intelligence and missile systems. These measures are not defensive, but amount to an iron web of alliances in East Asia in preparation for war against China.

The US's reliance on Japan is exemplified by the ongoing build-up of the Japanese military, far beyond self-defense - amounting to a drastic change to its constitution, at the behest of the United States. The reliance also looks like the critical positioning of U.S. bases, such as in Iwakuni, which serve as launching pads for American military operations.

The US cannot play out its Indo-Pacific strategy without Japan being its most loyal ally.

Therefore, the local struggle of people in Iwakuni resisting a U.S. base is a great contribution to the global movement against U.S.-led war. Your resistance, here in Iwakuni, is significant to the people of the world.
All around the world, the people living near these bases, these radars, these drills, are put directly in the line of fire. They are already bearing the brunt of the wars of aggression the US is preparing to wage.

Let’s be clear: overseas U.S. military bases are not instruments of defense. They are foundational outposts of US imperialism. Their core purpose is to be a staging ground to prepare for, provoke, and wage wars of aggression. They transform host nations into front-line targets. Their presence is a daily regime of intimidation, violence, human rights violations, sexual abuse. It means contamination and sickness, the theft of Indigenous lands, environmental destruction. Bases destroy local economies and self-determination. They intentionally put oppressed communities, rural, Indigenous, and island peoples in sacrifice zones for Washington’s wars. And we have had enough!

Now, Trump's recent tour in Asia has intensified the process of militarization in the Asia Pacific. Despite boasting of being a president of "peace," and taking credit for fake "peace deals", Trump is pushing an "America first" military strategy, aggressively pushing US ally countries to increase their military spending, the same way he bullied the European countries in NATO to increase their military spending.

The so-called "rules-based order" is in pieces. What remains is a military budget of almost a trillion dollars to enforce imperialist aims with a fascist head of state to back up an aggressive, US-led war strategy around the world.

This funds Trump's fascist today inside and outside the US. The military budget bill would codify many of Trump's unlawful executive orders into law: use of active-duty troops along the U.S.-Mexico border, building nuclear reactors for "national security", and using the military against US citizens and migrants. It would fund the US forces deployed and extrajudicial strikes on fishermen in the Caribbean. Continued funding for the evidenced war crimes against Palestinians.

Our task is clear, we must build solidarity across struggle as we fight to cut the imperialist tentacles of the war machine in each of our nations.

The war making states and the war profiteering corporations are connected internationally. Our movements must also be coordinated so we can tackle the weapons and war supply chains and fight together against shared targets.

Together, our united front can defeat US-led war and militarism and in its place, build a just and lasting peace.
How do we do that? For Resist US-Led war - our movement has launched campaigns to expose and shut down the US military bases. We have waged fights targeting the weapons and war companies including the arms manufacturers, weapons expos, the logistics hubs, airports and seaports that transfer weapons and military equipment, the mining companies and component supply chains, and the big tech companies enabling a cycle of weapons production.

We have campaigned to cancel the multinational war games like Balikatan, Freedom Shield, and RIMPAC.
We are inspired by the Italian doc workers who have shut down their ports to refuse to let weapons flow to the Zionist entity for genocide against the Palestinian people. We are inspired by the people of Ecuador who have blocked new bases from being built. By the Venezuelan people forming militias and using people power to defend their land and sovereignty. We are inspired by the Japanese and Okinawan people fighting against the imposition of American bases on your land. We are inspired by the peoples movements in the Philippines and Vieques who have already fought and won struggles to remove military bases from their territories.

Together, we will break and shatter the US's overstretched war machine and forge new bonds of peace, liberation, and international solidarity.

Long live international solidarity! Long live the struggle for a just and lasting peace!

The Resist US-Led War Movement sounds the alarm on the latest iteration of the $1 trillion National Defense Authorization Act (NDAA) and new National Security Strategy (NSS) under the Trump regime.

US Presidents produce a NSS once every term. The NSS serves to present the U.S. war strategy and guides US led war strategy for the period.The one released by trump this December, is the first since Biden’s 2022 document, and lays out the military approach of the MAGA Trump policies. The new National Security Strategy boasts that the Trump administration "began strengthening our military with $1 trillion of investment and "got our allies to contribute more to our common defense", however it is with this massive spending bill that Trump seeks to codify many of his MAGA priorities, and the bi-partisan war machine.

The NDAA is the largest military spending bill that is passed annually with Republican and Democrat support to fund the US military, research and development, weapons production, soldiers salaries and often incorporates major new policy decisions. The final version goes through a "conference" to reconcile House and the Senate versions likely in December (or January if Congress can't finalize it, which could trigger another government shut down). This $1 trillion,will fuel the US budget for war, give military equipment and deploy soldiers against migrants in the US, fuel genocide against Palestinians in Gaza, and will arm an aggressive imperialist US strategy for war against Venezuela, Iran, and across the Asia Pacific to provoke China.

Our movements should closely monitor the NDAA results and prepare ourselves to unite and fight against this terroristic and genocidal US war machine.

Convergence and the Hidden Consensus

The current stage of the NDAA bill has competing US House of Representatives and Senate versions for FY2026, typical of the US military budget process, but notably revealing a less than unified defense strategy and more a stark reflection of a fractured political landscape, where the military budget serves as a proxy for ideological warfare of two parts of the same elite and a vehicle for entrenched corporate interests.

Despite their stark differences in tone and partisan adornment, both bills reveal an underlying consensus that support US imperialism.

1. Both chambers propose authorizations near or above $900 billion, following the Trump budget of $1 trillion, a figure so vast it defies meaningful public scrutiny. The debate is never whether to spend this amount, but only how, ensuring a continuous flow of public funds to the war industry.
2. Both bills explicitly protect aging weapons systems including specific F-15 and F-22 models. This is a direct interest of for the congressional delegations from the districts where these systems are built and maintained, showcasing the power of pork-barrel politics in Congress.
3. Full funding for the Sentinel intercontinental ballistic missile and the Columbia-class submarine in both versions demonstrates the untouchable status of the nuclear modernization program. This is a triumph for the nuclear lobby, a coalition of laboratories, contractors, and strategists, for whom cost overruns and strategic debates are irrelevant next to the guarantee of continued funding for decades.

The Senate Bill
The Senate version, passing with a strong bipartisan majority of 77-20, presents a facade of consensus built on a foundation of keeping the military policy status quo. Its key interests are:
The bill's extensive "Pentagon Reform and Modernization" provisions, which repeal over 100 statutes to "streamline" acquisition, are a massive giveaway to major defense contractors. Framed as "efficiency," these measures systematically dismantle oversight and regulatory hurdles and a more profitable pipeline for weapons systems from contractors to the Pentagon. The establishment of "Portfolio Acquisition Executives with expanded authority" concentrates power, reducing accountability and increasing the industry's influence over procurement. This policy would take the Trump admin's "Transforming the Warfighting Acquisition System" memo and the proposed "FoRGED Act" to create high-level roles within the U.S. Department of Defense giving executives have significantly expanded authority compared to their predecessors, to streamline foreign military sales and weapons acquisition processes.

By requiring briefings before any troop withdrawal from Europe or South Korea and extending Ukraine security assistance, the Senate bill is a direct rebuke of the "America First" politics of the Trump administration which is distancing itself from rules based order and racing to a more aggressive and outright imperialist foreign policy. It codifies a bi-partisan commitment to a forward-deployed, alliance-heavy foreign policy, protecting the institutional interests of the State Department and Pentagon leadership against executive branch whims. This means more terrifying exercises, more drone and missile strikes and more intense experiences of militarism by the people in the regions.

Provisions for an artificial intellegence "sandbox", a new "Biotechnology Management Office," and expanded cyber authorities show a focus on co-opting and institutionalizing commercial tech innovation for military purposes fueling the most profitable war profiteers in the history of US war - high tech corporations. This serves the interests of both Silicon Valley and strategists within the Pentagon, ensuring the defense establishment maintains its technological edge by absorbing, privatizing and contracting to, rather than competing with, the private sector.

The House Bill:
By contrast, the House bill, passed along strict party lines, is a manifesto of the current Republican majority's priorities, where national defense is explicitly fused with the Trump administration's domestic political agenda. Its provisions expose a different set of interests:
The bill's most telling feature is the codification of 15 Trump-era executive orders. This transforms a defense authorization into a vehicle for implementing highly partisan cultural and fascist immigration policies, such as "Ending Radical DEI Programs" and enforcing border-related emergency declarations. The interest here goes beyond a "defense budget" to the cultural re-engineering of the military itself, aligning it with a specific MAGA political platform. The inclusion of "The Golden Dome for America" further signals a prioritization of Trump's signature, although fictional, promises.

1. The House bill takes a more aggressive and explicit stance against China, with outright bans on procurement and a hard deadline to "end critical material dependence by 2030". This serves the interests of economic nationalists and defense hawks who view economic decoupling with China as a core component of national security, although this is more of the US imperialists pipe dream of returning to a unilateral world order since it is being out-competed in the multilateral one today. Given how supply chains to produce for war are incredibly globalized, even the production process for mining, developing, testing and assembling the military's equipment cannot be genuinely decoupled. The $1 billion allocation for Taiwan is both a strategic signal and a direct provocation, reflecting the interest of those advocating for a more confrontational containment policy.
   
2. The bill also reflects a push towards faster war manufacturing, along the lines of the new cold war and arms race. The SPEED Act, which aims to cut acquisition timelines from three years to 90 days, along with the Defense Industrial Resilience Consortium, represents an aggressive, high-risk industrial policy. While also benefiting major contractors, the focus is on smaller, agile firms and a radical overhaul of the Pentagon's bureaucracy. Faced with the US's own stretched supply lines for its defense industry, these policy components push the WWII style "arsenal of democracy" industrial base, referring to the US ability to supply military equipment and technology to support democratic allies, even at the cost of thorough testing and oversight.
   

The final bill will be a product of negotiation between these competing visions, but the real, unspoken agreement is that the military-industrial complex itself and the flow of money and power it represents, remains the primary, bipartisan interest served.

Even the bills to end the government shut down bolstered the US military

The bills passed last week as part of the deal that ended the longest U.S. government shutdown in history include billions of dollars for major Air Force and Navy programs. This includes funds to build new aircraft carriers and submarines, facilities needed for new stealth bombers and nuclear missiles, and research and development spending to keep a major airborne command and control program alive.

When millions of people were struggling with bills, basic food budgets and healthcare access, due to the stranglehold of these power plays by the duolopoly of the Republicans and Democrats, the military budget still came out ahead in the end.

The 2026 NDAA process exposes a fundamental truth: the "defense" in its title is increasingly belicose and war mongering. While the American political system itself is confronted by abuses of power by the executive branch and illegal executive orders that attack migrants, order extrajudicial strikes murdering Venezuelan nationals, and a military that regularly commits evidenced war crimes and crimes against humanity, the defense budget puts the money behind this political agenda. The "rules based order" may be falling to pieces, but the military budget of the United States, driving this process will be backed by almost a trillion dollar arsenal to enforce its imperialist aims. The NDAA specifically, may codify many of Trump's unlawful executive orders, and give even more power to a fascist head of state and the ultra right wing priorities of the MAGA base. This budget continues to fuel a "war industry" that operates with minimal constraint to back up a fascist and aggressive US-led war strategy around the world.